Publicado el 22/03/2022

Hoy se celebra el Día Mundial del Agua, una fecha instituida por Naciones Unidas (NU) en la Conferencia sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, de Río de Janeiro, en 1992. Pasaron 30 años, el agua hoy está declarada como derecho humano, y sin embargo –según datos de NU-, 2.200 millones de personas viven sin acceso a ella en el mundo. En América Latina, que acumula el 33% de todo el vital líquido disponible en el planeta, las cifras hablan de 77 millones de personas en esta situación.

En Paraguay, asentado sobre el Acuífero Guaraní, la segunda mayor reserva del mundo después de la Gran Cuenca Artesiana de Australia, todavía cerca de un millón de personas no tienen acceso a agua de calidad.

La disponibilidad del agua está asociada a políticas públicas de manejo de los recursos hídricos, una cuestión que en América Latina arrastra deficiencias históricas, por la permeabilidad de gobiernos y legislaciones a intereses de tipo corporativo que han hecho de un recurso abundante, un bien escaso y caro.

Nuestro país dispone de legislación suficiente para una buena gobernanza del agua. Además de la Ley N° 3239/07-De Los Recursos Hídricos Del Paraguay, se destaca la Ley Nº 4241/10- De Protección de Cauces y Cuerpos de Agua, pero el problema principal es la falta casi total de voluntad política para hacer cumplir la legislación por parte de las autoridades pertinentes. Sin embargo, el buen manejo del agua, no depende exclusivamente del cumplimiento estricto de la legislación específica, sino también de otras normas de protección ambiental sobre la calidad de los ecosistemas de bosques y humedales, que guardan estrecha relación con la disponibilidad del vital líquido.

En el Paraguay y nuestra región, estos ecosistemas han sido, desde mediados del siglo XX, sujetos a la conversión de los territorios para la producción destinada a la agro exportación, principalmente de granos y de carne. En consecuencia, las fuentes, los cuerpos y los cursos de agua se han ido deteriorando progresivamente. Esta situación se ha visto agravada en las últimas décadas, por la crisis climática, producida por el calentamiento global, consecuencia de la quema de combustibles fósiles, pero también por la propia conversión de ecosistemas, principalmente los bosques, por el mismo proceso de producción y comercio insustentables”.

La extenuante sequía que estamos sufriendo, ilustra perfectamente el resultado de este proceso de destrucción de los ecosistemas combinado con la crisis climática. Las consecuencias de esta sequía extraordinaria han sido desastrosas, con bajantes históricas, en los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay. El río Paraguay resistió un poco más, debido a que su cuenca aún tiene el gran sistema de humedales del Valle Central de la Cuenca del Paraguay, Paraná, y Plata, pero al final también sufrió una bajante histórica.

El ecosistema regulador de las cuencas del Alto Paraná y Uruguay, la Selva Atlántica, ha sido casi totalmente transformado en las últimas décadas, eliminando así la capacidad de regulación de sus caudales. Esta bajante afectó gravemente la capacidad de producción hidroeléctrica en las centrales de esas cuencas, y la navegación.

Esto se puede comprobar con las estadísticas ampliamente difundidas por el sistema satelital Global Forest Watch (GFW), y del mismo Instituto Forestal Nacional (INFONA). Las cifras ubican en 6 millones de hectáreas la superficie deforestada entre 2001 y 2019, poniendo a nuestro país entre los que perdieron mayor cobertura boscosa en el continente, incluso después de Brasil; y en los últimos años, pese a la Ley de Deforestación Cero que rige para la Región Oriental.

El uso de suelo para la agricultura extensiva, con su correspondiente kit de potentes agrotóxicos, lleva a la contaminación de napas por infiltración, impactando tanto los cauces de superficie, entre ríos y arroyos, y reservorios subterráneos como el acuífero Guaraní, ubicado en el subsuelo de las zonas de mayor producción de granos, Alto Paraná e Itapúa.

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