Publicado el 09/11/2026

La crisis política, social y económica del Paraguay exige justicia

El Paraguay atraviesa una grave crisis política, social y económica que golpea la vida cotidiana de miles de ciudadanos y ciudadanas, poniendo a prueba la confianza en las instituciones. Están comprometidos ahorros de la población, fondos jubilatorios y recursos de diversas instituciones públicas. La pérdida de estos fondos afecta profundamente la continuidad de actividades económicas y comunitarias.

La solidaridad con todas las personas y las organizaciones afectadas es fundamental, especialmente con quienes cuentan con menos recursos para enfrentar esta situación. Necesitan apoyo y respuestas concretas con extrema urgencia. La incertidumbre y la pérdida de acceso a recursos esenciales no pueden tratarse como un daño colateral ni quedar sin respuesta.

Las organizaciones de la sociedad civil también están siendo afectadas. Sus recursos sostienen actividades y procesos en defensa de los derechos humanos fundamentales, y esta grave situación de despojo compromete esa labor. La magnitud total de los daños todavía se desconoce. Sin embargo, sus impactos ya son enormes y están a la vista.

Acompañar las manifestaciones pacíficas del pueblo en todo el país, con todo el compromiso que ello significa, supone defender el derecho constitucional a movilizarse y exigir respuestas a las autoridades. La violencia de las fuerzas represivas contra quienes ejercen el pleno derecho a manifestarse es inadmisible. La respuesta del Estado no puede ser la represión frente a un pueblo que reclama justicia. Quienes se movilizan por sus derechos merecen ser escuchados y recibir respuestas concretas.

La crisis plantea graves cuestionamientos sobre la actuación del Banco Central del Paraguay, la gestión de los fondos previsionales y las decisiones de diversas instituciones públicas. No alcanza con explicaciones parciales ni con que las instituciones se trasladen responsabilidades entre sí. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se manejan los recursos públicos, qué controles fallaron y quiénes deben responder. Una investigación independiente y transparente debe esclarecer estos hechos, sin privilegios ni encubrimientos.

La movilización ciudadana fue decisiva para que el Congreso Nacional destituyera al presidente Santiago Peña el 6 de noviembre. El vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de la República. El proceso de rendición de cuentas debe continuar hasta esclarecer todos los hechos denunciados y determinar las responsabilidades que correspondan.

Las acusaciones señalan conflictos de intereses y el uso de fondos previsionales en operaciones vinculadas a intereses privados. Son hechos de extrema gravedad que deben esclarecerse y pueden comprometer responsabilidades políticas y penales. Las investigaciones deben alcanzar a todas las personas involucradas, sin privilegios ni excepciones.

Santiago Peña debe rendir cuentas al pueblo paraguayo. Quienes resulten responsables deben asumir las consecuencias de sus actos. Están en juego el bienestar de la población, la protección de los ahorros y los fondos previsionales, la sostenibilidad del sistema financiero y la credibilidad de las instituciones. Recuperar esa credibilidad requiere información clara, investigaciones que avancen y respuestas efectivas para las personas y organizaciones afectadas.

La ciudadanía seguirá movilizada de manera pacífica y atenta a cada etapa de este proceso. Su participación será fundamental para exigir avances en las investigaciones, la recuperación de los recursos y la reparación de los daños.

SOBREVIVENCIA seguirá de cerca todo el proceso y acompañará las demandas ciudadanas hasta que haya verdad, justicia y reparación para las personas afectadas, y se establezcan garantías para que hechos como estos no vuelvan a repetirse.

¡La democracia se construye escuchando al pueblo y haciendo justicia!

SOBREVIVENCIA, Amigos de la Tierra Paraguay

Asunción, noviembre de 2026