Publicado el 17/09/2026

Organizaciones campesinas e indígenas ratifican su rechazo a la reforma del Estatuto Agrario y la Ley del INDERT

El Espacio de Unidad Indígena, Campesina y Popular ratificó su rechazo al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que pretende modificar el Estatuto Agrario y la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). Durante una conferencia de prensa realizada el miércoles 16 de septiembre en la Plaza de Armas, representantes de organizaciones campesinas e indígenas advirtieron que la propuesta, presentada por el Gobierno como una medida para acelerar la titulación de tierras, contiene disposiciones que podrían debilitar la reforma agraria y facilitar la incorporación de tierras públicas al mercado.

El proyecto propone modificar el requisito establecido para acceder al título de propiedad de los lotes adjudicados por el INDERT. Actualmente se exige un pago mínimo equivalente al 3 % del valor total del lote. Las organizaciones sostienen que eliminar ese pago inicial o ampliar los plazos sin establecer una fuente alternativa de recursos provocaría el desfinanciamiento progresivo del INDERT, reduciendo su capacidad para comprar tierras, cumplir expropiaciones, regularizar asentamientos y asistir a las comunidades campesinas.

El comunicado aclara que el cuestionamiento no se dirige contra la titulación de las familias campesinas, sino contra una propuesta que presenta la entrega del título como una solución aislada, sin garantizar tierra suficiente para producir, asistencia técnica, infraestructura, acceso a mercados y condiciones para el arraigo. La reforma agraria no puede limitarse a entregar títulos individuales y convertir la tierra en una garantía para acceder a créditos, porque el endeudamiento también puede terminar en embargos, ventas y una nueva concentración de la propiedad.

Uno de los puntos más graves es la modificación de la Ley Orgánica del INDERT, que permitiría a la Presidencia de la institución vender bienes muebles e inmuebles a personas que no son beneficiarias de la reforma agraria. Según las organizaciones, la propuesta también debilita la intervención de la Junta Asesora y de Control de Gestión, concentrando una facultad de enorme relevancia en una sola autoridad.

Las tierras administradas por el INDERT no son simples bienes comerciales. Son bienes públicos vinculados al cumplimiento de la reforma agraria y deben conservar esa finalidad social. Autorizar su venta a personas ajenas a la reforma agraria, sin controles suficientes ni una delimitación precisa de los inmuebles alcanzados, podría abrir la puerta a la especulación, al agronegocio y a la regularización de ocupaciones o adjudicaciones irregulares.

La propuesta plantea, por ese motivo, serios cuestionamientos constitucionales. El artículo 114 de la Constitución Nacional reconoce a la reforma agraria como uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar rural y establece la obligación de incorporar efectivamente a la población campesina al desarrollo nacional. El artículo 115 dispone que esta política debe incluir la distribución racional y regularización de la tierra, la adjudicación de parcelas a sus beneficiarios, la creación de asentamientos, el acceso al crédito y la asistencia técnica.

En consecuencia, una ley que permita destinar tierras del INDERT a personas que no son sujetos de la reforma agraria podría entrar en contradicción con la función constitucional asignada a esos bienes y con las obligaciones del Estado en materia de acceso a la tierra. La determinación definitiva de la inconstitucionalidad corresponde a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero los cambios propuestos justifican un análisis riguroso antes de su aprobación.

El comunicado también advierte sobre el impacto que la reforma podría tener en los pueblos indígenas, debido a que el INDERT administra inmuebles sobre los cuales existen reivindicaciones territoriales. El artículo 64 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad comunitaria de tierras suficientes para conservar y desarrollar sus formas particulares de vida. Estas tierras deben ser entregadas gratuitamente y no pueden dividirse, transferirse, embargarse ni utilizarse como garantía de obligaciones.

Por ello, cualquier aplicación de la reforma que permita vender tierras reclamadas u ocupadas tradicionalmente por comunidades indígenas, o convertirlas en propiedades individuales negociables, sería incompatible con la protección constitucional de la propiedad comunitaria indígena.

Las organizaciones también denuncian que los pueblos indígenas no fueron consultados durante la elaboración del proyecto. El artículo 6 del Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Paraguay mediante la Ley N.º 234/1993, obliga al Estado a realizar consultas previas, de buena fe y mediante procedimientos apropiados cuando una medida legislativa pueda afectar directamente a estos pueblos. Si el proyecto puede afectar tierras ancestrales, la falta de consulta constituye el incumplimiento de una obligación internacional asumida por el Estado paraguayo.

El Espacio de Unidad Indígena, Campesina y Popular cuestiona igualmente la denominada “nueva ruralidad” promovida por el Gobierno. Considera que esta política pretende transformar al campesinado, con su identidad, cultura, comunidad y relación con el territorio, en simples propietarios individuales de lotes que posteriormente pueden ser vendidos, embargados o transferidos al agronegocio.

El proyecto debía ser tratado el miércoles 16 de septiembre por la Cámara de Senadores, pero su estudio fue postergado. Ante esta situación, las organizaciones exigen su rechazo y archivo y convocan a los sectores campesinos, indígenas, populares y urbanos a mantenerse en alerta.

“La tierra es de quien la trabaja, la cuida y la defiende, no del que especula”, concluye el comunicado.

El Espacio de Unidad Indígena, Campesina y Popular está integrado por ANIVID, ONAI, CONAMURI, ASAGRAPA, OLT, CLIBCH, Cultiva PY, MCP, Mandioquero, UCN, la Coordinadora Interdistrital de Sintierras de San Pedro Norte, Joaju, Kuña Techapyrã y Kuña Guarani Aty, entre otras organizaciones.